Cuando Crystal Orozco enfermó de coronavirus el mes pasado, perdió casi dos semanas de su salario como jefa de turno en un restaurante de comida rápida y tuvo que pedir un préstamo a sus familiares para poder pagar el alquiler.
“Mi cheque era de 86 dólares. Estaba como, ‘Oh, Dios mío”, contó.
Ahora, es probable que Orozco recupere ese dinero. La Legislatura de California aprobó el lunes un proyecto de ley que obliga a muchas empresas a dar a los trabajadores hasta dos semanas de licencia pagada si se enferman por el coronavirus. El proyecto de ley es retroactivo desde 1 de enero, por lo que Orozco podría tener derecho a recibir el pago por los días que perdió cuando estuvo enferma.
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Al comienzo de la pandemia, las leyes estatales y federales exigían a la mayoría de los empleadores que dieran a los trabajadores una baja laboral remunerada por el coronavirus. Pero muchas de esas leyes expiraron a medida que más personas se vacunaron y el número de casos disminuyó. La ley de California expiró en septiembre.
Desde entonces, la variante ómicron -una versión más contagiosa del coronavirus- se ha extendido rápidamente por todo el mundo. La variante batió un récord en California de número medio de nuevos casos y contribuyó a un aumento de las hospitalizaciones, sobre todo entre la población no vacunada.
Los sindicatos han estado presionando a sus aliados demócratas en la Legislatura para que renueven la ley de baja laboral del estado, lo que culminó en un acuerdo alcanzado el mes pasado entre el gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos. Los legisladores aprobaron el proyecto de ley el lunes y lo enviaron a Newsom, que se espera que lo firme como ley.
Cuando lo haga, California se convertirá en el cuarto estado que exige una baja laboral remunerada para los trabajadores que enferman por el coronavirus. Mandatos similares están todavía en vigor en Massachusetts, Colorado y Nueva York, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Otros cinco estados -Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island y Washington- tienen leyes de baja por enfermedad remunerada que, aunque no son específicas para casos de COVID-19, pueden utilizarse para cubrir el tiempo de baja por el coronavirus.
Orozco es miembro de Fight for $15, un grupo que aboga por un salario mínimo de 15 dólares y derechos sindicales para los trabajadores de la comida rápida. Lamenta que no le ofrecieran una baja laboral remunerada cuando enfermó.
Al menos seis de las 16 personas que trabajan en su restaurante -más de un tercio de la plantilla- sufrieron síntomas de coronavirus o faltaron al trabajo a causa del virus, según una denuncia presentada por los trabajadores ante las autoridades estatales y locales. La denuncia sigue pendiente, según Orozco.
Orozco afirma que ella y su marido tuvieron que omitir el pago del seguro de su coche y utilizaron dinero prestado para ayudar a pagar el alquiler. Ella dijo que el nuevo proyecto de ley, una vez firmado en la ley, le permitirá “saber que soy capaz de pagar a mi familia que me permitió pedir prestado ese dinero”.
“Va a ayudar a todo el mundo en el mismo sector (que está) justa de dinero”, dijo.
Muchos republicanos votaron en contra de la propuesta por el coste que supondría para los empresarios, que ya están luchando contra la escasez de mano de obra provocada por la pandemia, la inflación y las interrupciones en la cadena de suministro.
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El asambleísta republicano Vince Fong, por Bakersfield, alegó que el proyecto de ley es una “carga financiera que podría llevar a la quiebra a una tienda local, un restaurante local o una organización sin ánimo de lucro que apenas se sostiene”.
Pero la acción del lunes no fue todo malas noticias para los negocios. En 2020, cuando la pandemia amenazaba con hacer tambalear la economía de California, la Legislatura subió los impuestos a las empresas para ayudar a evitar el déficit.
Esos aumentos de impuestos estaban programados para expirar el próximo año. Pero el lunes, los legisladores votaron para ponerles fin un año antes, ahorrando a las empresas unos 5,500 millones de dólares este año.
La presidenta y directora general de la Cámara de Comercio de California, Jennifer Barrera, afirmó que su organización apoya la ley de baja por enfermedad pagada porque es un “enfoque equilibrado para proteger tanto a los trabajadores como a nuestra economía”.
“En algunos aspectos, esto se siente como un importante punto de inflexión en nuestra batalla contra la pandemia del COVID-19”, declaró la asambleísta demócrata Cottie Petrie-Norris sobre el fin anticipado de los recortes fiscales.
Sin embargo, algunos republicanos señalaron que los recortes fiscales no beneficiarán a todas las empresas. El senador Andreas Borgeas, un republicano de Fresno, dijo que los legisladores deberían haber ofrecido reembolsar a las empresas el coste de la baja por enfermedad pagada, algo que, según él, podrían permitirse teniendo en cuenta que el estado tiene un superávit estimado de 29,000 millones de dólares, según la Oficina del Analista Legislativo no partidista.
El asambleísta Phil Ting, demócrata de San Francisco y presidente de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, dijo que le “encantaría” que los legisladores aprobaran dinero a finales de este año para ayudar a las empresas a pagar las bajas por enfermedad de sus empleados.
La medida de baja por enfermedad de California concede a los trabajadores hasta una semana de baja remunerada si se contagian de coronavirus o cuidan a un familiar enfermo.
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Sólo podrán disfrutar de una segunda semana de baja si ellos o sus familiares dan positivo en la prueba. Los empresarios deben pagar y proporcionar el test. La propuesta se aplica únicamente a las empresas con 26 o más empleados, y expira el 30 de septiembre.
Los legisladores acordaron también el lunes gastar otros 1,900 millones de dólares en cosas como las pruebas del coronavirus, la distribución de vacunas y el aumento del personal en los hospitales. La Administración de Newsom espera que la mayor parte de ese dinero sea reembolsado por el Gobierno federal.
